En un debate en el pleno con el comisario de Justicia, Didier Reynders, los eurodiputados subrayaron los riesgos inherentes a estos programas, a saber, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Insistieron en que Europa no debe tener «una entrada rápida para los delincuentes».

Los eurodiputados subrayaron que la concesión de la ciudadanía de la UE a nacionales de terceros países sin los controles y la transparencia adecuados tiene consecuencias negativas en otros Estados miembros, erosionando la confianza mutua y socavando los valores comunes.

Varios oradores se refirieron al reciente escándalo en Chipre, donde funcionarios de alto rango -incluido el Presidente del parlamento nacional- fueron grabados en secreto ofreciendo ayuda a un ejecutivo chino ficticio con antecedentes penales para obtener un pasaporte chipriota a través del plan nacional de «ciudadanía por inversión». También reconocen la decisión de la Comisión de abrir procedimientos de infracción contra Chipre y Malta, aunque algunos se quejaron de que ha tardado demasiado en actuar.

Algunos eurodiputados señalaron que la parte de los ingresos de estos programas es importante para países como Chipre, mientras que muchos argumentaron que los valores y derechos de la UE no deberían estar en venta.

Antecedentes

Chipre, Malta y Bulgaria son los tres países de la UE en los que es posible obtener la ciudadanía a cambio de una inversión, los llamados «pasaportes dorados». Hasta 19 países de la UE aplican programas de «residencia por inversión», conocidos como «visados dorados».

En enero de 2019, la Comisión Europea creó un grupo de expertos con representantes de todos los Estados miembros de la UE para elaborar normas y directrices comunes en este ámbito. Tras cuatro reuniones el año pasado, el grupo no se ha reunido hasta ahora en 2020.